Tierra herida

A unos 500 kilómetros de Lima, desde una oficina de la región amazónica de Ucayali, se han otorgado –al menos desde 2013– centenares de certificados para el acceso a tierras a personas que, en algunos casos, ni tenían conocimiento de haber adquirido estos terrenos y luego terminaron en manos de una empresa cuyo fundador, Dennis Nicholas Melka, ha sido acusado de deforestar más de 13 mil hectáreas de bosques de las regiones de Ucayali y Loreto, en la Amazonia peruana.

Convoca.pe viajó en dos oportunidades a diversas localidades de Ucayali, en alianza con Proética, para investigar quiénes era los personajes involucrados en estos hechos y su impacto social y ambiental en la región con más tierras deforestadas en la Amazonía peruana, de acuerdo a cifras oficiales del Ministerio del Ambiente.

Lo que encontramos es que en este vaivén de entregas de las llamadas constancias de posesión de tierras, fue fundamental la participación de exfuncionarios de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali (DRAU) que aprobaron estos certificados a favor de personajes denunciados por traficar tierras y de Plantaciones de Ucayali S.A.C (hoy Ocho Sur U S.A.C), compañía creada por Melka para el negocio de los cultivos de palma aceitera a gran escala.

A la par de estas operaciones sospechosas, una decena de agricultores del caserío Bajo Rayal, se ha rehusado a vender sus parcelas a la empresa que fundó Melka. Convoca.pe llegó a este lugar luego de dos horas y media de viaje en camión y luego en balsa desde la ciudad de Pucallpa, capital de la región Ucayali. Ahí encontramos a la agricultora Carmela Castro Najarro, quien señaló: “No queremos vender nuestras tierras. Pero la empresa nos amenaza. Han venido a destruir”.

Carmela se ha enfrentado a la empresa desde 2012, año en el que el grupo Melka también inició su plan de expansión en la Amazonía con una estrategia para acceder a las tierras sin importar que se derriben bosques y reemplazarlos por cultivos de palma aceitera y cacao. Ucayali fue el epicentro. En esta región, la entrega de tierras a personas particulares también aumentó. En el período 2011 - 2014, se otorgaron más de tres mil 500 constancias de posesión de tierras, según pedidos de información realizados por Convoca.pe a la DRAU.

Modus operandi

Una de las modalidades de las compañías de Melka para acceder a las tierras fue mediante la compra de constancias de posesión o títulos a particulares. Bajo este método, las compañías del empresario checo-estadounidense lograron adquirir cerca de tres mil hectáreas, de las cuales cerca de mil corresponden al caserío Bajo Rayal. Agricultores de esta localidad se enfrentan a una de las compañías de Melka, Ocho Sur U S.A.C. (ex Plantaciones de Ucayali S.A.C.) porque aseguran que obtuvieron las constancias de posesión hasta 2013, antes de que esta empresa adquiriera las tierras.

Sin embargo, en junio de 2014 estas constancias fueron canceladas para ser otorgadas de manera irregular, en casos probados por las autoridades del Ministerio Público en Ucayali (detallado en el expediente N° 2014-70-0), a terceros que posteriormente vendieron a la compañía de Melka, entonces denominada Plantaciones de Ucayali S.A.C.

“En 2013 nos han dado una constancia de posesión y la directora de la DRAU Celia Prado Seijas, anula la constancia de posesión y le entrega después a la empresa”, denuncia Emerson Ponce Claudio, ex teniente gobernador del caserío Bajo Rayal.

De acuerdo con las indagaciones de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ucayali, el técnico de campo Carlos Garaycochea “habría reconocido que las actas de inspección ocultar” de agosto de 2013” para el otorgamiento de las constancias de posesión a personas vinculadas a Plantaciones de Ucayali se hicieron por “insistencia” del ingeniero Luis Armando Pasquel Quevedo, entonces a cargo de la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria, que dependía de la DRAU.

En setiembre de 2014, Pasquel Quevedo declaró ante la Fiscalía de Ucayali que la inspección hecha por el ingeniero Garaycochea se realizó cuando él ya no se encontraba en el cargo. Lo que no señaló en su versión fue que mientras era el responsable de la Dirección de Saneamiento Físico Legal recibió el plan de trabajo que iba a realizar Garaycochea a inicios de agosto de 2013 como consta en los documentos a los que accedió Convoca.pe.

El cuestionado plan en el que aparece registrada esta inspección, se presentó el 24 de julio de 2013, apenas un día antes de que Pasquel dejara el cargo de director de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria de Ucayali. Como veremos, la diligencia estuvo marcada por diversas irregularidades. Este medio buscó en Ucayali a Pasquel Quevedo para obtener su versión pero no hubo respuesta.

Entre los supuestos beneficiados de las constancias de los predios como resultado de esta diligencia, aparecen los pobladores Carlos Ramírez y Hugo Macuyama.

Convoca.pe conversó con Carlos Ramírez en su domicilio, una humilde vivienda de un asentamiento humano en Yarinacocha, distrito en Ucayali. El poblador aseguró que no sabía cómo llegó su firma al pedido de constancia de posesión ni al acta de inspección que realizó el ingeniero Garaycochea. Esta declaración coincidió con la que dio ante la Fiscalía en la que incluso indicó que su rúbrica era falsa.

Entonces ¿quién estuvo detrás de esta transacción?

Compradores de fachada

Los diversos documentos que forman parte de la investigación fiscal 2014-70-0 revelan que la persona que obtuvo los poderes de las tierras de los agricultores de Bajo Rayal y en las que aparecen los nombres de Carlos Ramírez y Hugo Macuyama es Javier Bartra, cuñado del entonces gerente de Plantaciones de Ucayali, Alfredo Rivera Loarte.

Pero no son las únicas acciones que levantan sospechas. Entre los pobladores que supuestamente vivían en Bajo Rayal y obtuvieron las constancias de posesión que luego terminaron en poder de la empresa de Melka, aparecen personas domiciliadas en otras regiones del país como Sonia Amasifuen Clariano, de Lima, y Edward Villegas Reyes, de la región La Libertad. Estos casos llaman la atención debido a que una persona que solicita y posteriormente recibe una constancia de posesión debe haber acreditado que ha trabajado la tierra en la zona.

La revisión de los documentos así como las entrevistas realizadas en Ucayali permitieron conocer que al menos nueve personas que solicitaron la irregular visita de campo a cargo del técnico Garaycochea de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali (DRAU) para obtener la posesión de las tierras de Bajo Rayal, entregaron los poderes de estos predios vía carta notarial a José Renzo Puyen. ¿Quién es este personaje? Es el abogado de Plantaciones de Ucayali, la empresa de Dennis Melka.

Estas personas en lugar de empezar a trabajar en los terrenos que les concedió la DRAU como lo haría un agricultor, prefirieron entregarlas a la empresa de Melka.

La compra de los predios también se hizo por montos marcadamente distintos. Joysi Chávez y Rosaura Yimachi, quienes vendieron sus terrenos y que al ser entrevistadas aseguraron que no recordaban cuánto dinero recibieron de la empresa de Melka, entregaron los poderes a favor de Plantaciones de Ucayali por 33 mil 200 soles y 23 mil 544 soles respectivamente, como consta en los documentos de la notaría donde se hizo la transacción y a los que accedió Convoca.pe.

Los documentos, la versión de los pobladores que aseguran que sus firmas fueron falsificadas y la serie de irregularidades detectadas en el proceso de la compra de las tierras no fueron suficiente para avanzar en las indagaciones del Ministerio Público: la investigación fiscal fue archivada en febrero de 2017.

En las conclusiones del caso, firmadas por el fiscal Percy Panduro Rengifo, se indicó que no existían “indicios” que demostraran que los exfuncionarios involucrados hayan “abusado de su cargo” para “privilegiar a la empresa Plantaciones de Ucayali SAC”. Sobre los exfuncionarios pesaba una denuncia por delitos contra la administración pública, en la modalidad de concusión, patrocinio ilegal, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

Los contratos en serie

Plantaciones de Ucayali también tuvo otra estrategia para adquirir tierras sin mucho esfuerzo. En el caserío Zanja Seca, ubicado a más de dos horas desde la ciudad de Pucallpa, se compraron otros predios como admitió el entonces gerente de Plantaciones de Ucayali, Alfredo Rivera Loarte, en una manifestación ante la Primera Fiscalía Especializada en Materia Ambiental del Distrito Judicial de Ucayali que se realizó en octubre de 2013.

Rivera Loarte reconoció, en su declaración a la Fiscalía, que había algunos dueños de predios colindantes a Zanja Seca que denunciaron a la compañía pero que Plantaciones de Ucayali (hoy Ocho Sur U S.A.C), tenía un centenar de casos en los que había pagado por “mejoras a los propietarios” y que luego “aparecían personas” que aseguraban “ser los dueños”.

Al ser consultado sobre los nombres de las personas que vendieron las tierras a la entonces compañía Plantaciones de Ucayali, Rivera mencionó a Teobaldo Jesús Vega y Sulma Soto Isuiza. El representante de la compañía aseguró que les compró 77 y 91 hectáreas respectivamente, así como “otras (hectáreas) en un aproximado de 100 personas [sic]”.

Convoca.pe accedió a este centenar de contratos y construyó una base de datos para analizar cómo se realizó esta operación comercial. Esto nos permitió concluir que Plantaciones de Ucayali compró de manera directa, entre febrero y octubre de 2013, más de 990 hectáreas por poco más de 900 mil soles. Los terrenos adquiridos por Plantaciones de Ucayali oscilaban entre una y 40 hectáreas de extensión y se ubicaron en los caseríos de Bajo Rayal y Zanja Seca, en el distrito Nueva Requena.

En los contratos se legalizó el discurso de la empresa: se señala que estas personas ocuparon la zona por un "error involuntario", que no tenían derecho a ocupar la zona, tampoco interés en reclamar sus tierras y que abandonarían la zona para entregarla de "manera pacífica". El pago lo realizó Plantaciones de Ucayali, de acuerdo a los documentos.

Los predios fueron adquiridos en medio de un conflicto con los pobladores.

El exteniente gobernador del caserío de Bajo Rayal y hoy afectado por la cancelación de su constancia de posesión, Emerson Ponce Claudio, cuestiona las actividades de la ex Plantaciones de Ucayali: “La empresa viene con seguridad y nos dice que no podemos trabajar en nuestra chacra porque está procesado, pero pasan dos o tres días y ellos están sembrado palma aceitera en el lugar”, se cuestiona.

Convoca.pe buscó la versión de la compañía, pero han decidido no dar declaraciones sobre el tema.

Funcionarios investigados

Las autoridades involucradas en las denuncias por tráfico de tierras bajo la modalidad de compra de predios a particulares y las constancias de posesión son fundamentalmente de la dirección regional sectorial de Agricultura de Ucayali, a quienes se les acusa de beneficiar a las empresas de Melka.

La exdirectora de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali (DRAU), Celia Prado Seijas, ha sido una de las funcionarias investigadas por la Primera Fiscalía en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ucayali. A Prado Seijas se le acusa de aprovechamiento indebido del cargo. El caso, registrado con el número de carpeta fiscal 193-2015 y con la fase de investigación preliminar ya culminada, fue derivado al Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios de Ucayali como pudo conocer este medio luego de consultar a diversas fuentes de la Fiscalía de Ucayali.

La exdirectora de la DRAU, Celia Prado, aseguró a Convoca.pe que “nunca se le encontró nada” y que ella no estaba al tanto de las presuntas firmas falsas en el proceso de entrega de las constancias porque en esos días recién iniciaba sus actividades al frente de la DRAU.

Prado también señaló –en alusión al papel de Pasquel Quevedo, exdirector de la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria, que depende de la DRAU– que no podía poner las “manos al fuego” por sus colegas y solo respondía por el cargo que ella desempeñaba. Pasquel Quevedo fue quien aprobó las cuestionadas constancias de posesión a personas que niegan haber realizado este trámite para acceder a las tierras.

Hasta agosto de 2017, la DRAU no había resuelto el caso para dar respuesta al reclamo de los agricultores de Bajo Rayal. Mientras que en la Fiscalía de Ucayali, el proceso fue archivado en febrero del presente año.

A pesar de las evidencias y las indagaciones en las investigaciones, el modus operandi de las compañías creadas por Melka se repitieron una y otra vez en la Amazonía peruana.

*Este reportaje forma parte del libro digital ‘Los negocios de la deforestación’ publicado por Convoca y Proética.

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